Acuerda la CRAC acompañar a los pueblos en la organización para su autodefensa

Zacarías Cervantes
Miahuichán/San Luís Acatlán.
Defensa del territorio, rechazo a la instalación de las mineras, continuar con la organización para la seguridad y justicia, acompañar a los pueblos que quieran organizarse para su autodefensa y exigir al gobierno estatal y federal respeto a la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas fueron, los acuerdos generales a los que llegó ayer la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRA), en su 17 aniversario de su fundación.
Al continuar ayer con las actividades de su 17 aniversario, a las 7 de la mañana, los más de 800 policías comunitarios de las tres sedes; San Luis Acatlán, Espino Blanco y Zitlaltepec y ahora también 30 comunidades del municipio de Ayutla, participaron en una misa de acción de gracias y luego, al mediodía comenzó la reunión plenaria a la que asistió como representante del gobernador el secretario de Asuntos Indígenas, Filemón Navarro Aguilar. También asistió el senador del PRD Sofío Ramírez Hernández, quienes fueron abucheados y recibieron una andanada de rechiflas, cuando fueron presentados por parte de los integrantes de las organizaciones solidarias asistentes.
Los participantes de las agrupaciones abarrotaron la explanada techada de la comisaría municipal de esta localidad mestiza de San Luis Acatlán, y con insistentes consignas como “Zapata Vive, la lucha sigue”, y “gobierno, farsante, que matas estudiantes”, además de “castigo a los asesinos”, “12 de diciembre no se olvida”, rechazaron tanto al representante del gobernador, como al senador perredista, quienes, sin embargo, intervinieron en la reunión constantemente interrumpidos por las consignas y rechiflas de los militantes de las agrupaciones solidarias.
Por la mañana, durante la misa, el sacerdote Francisco Javier, llamó a que los pueblos se sigan organizando para su autodefensa, dijo que esa es una decisión que deben tomar solamente los pueblos, puesto que al gobierno no le interesa la organización de los pueblos, menos resolver sus problemas.
Luego agregó que la situación es mucho más difícil ahora con el gobierno de Enrique Peña Nieto, de quien dijo, que utilizará mucho dinero para dividir a los pueblos y estos no puedan defenderse de manera organizada, por lo que llamó a estar alertas, “porque vienen tiempos difíciles y hay que pedir a Dios para que siempre nos conserve en unidad”, manifestó.
Mientras tanto, el sacerdote Mario Campos, dijo en homilía que por culpa del gobierno hay muchos problemas en territorio comunitario y llamó a los más de 800 policías comunitarios reunidos en la explanada que siempre busquen con sus actuaciones la verdad, y los conminó a que jamás estén del lado de la delincuencia”.
Añadió: “La verdad es que no tienen por qué mandar los delincuentes en nuestro territorio, no pueden venir a dividir a nuestros pueblos”, expresó y luego añadió que los delincuentes no están contentos con la presencia de la Policía Comunitaria, “pero ustedes tienen que garantizar que haya justicia y paz en los pueblos”, insistió.
Después de la misa, que duró más de hora y media, los policías comunitarios y los miembros de las agrupaciones sociales, participaron en una marcha que inició desde la entrada del pueblo y tras caminar más de un kilómetros, el contingente de cerca de mil 500 asistentes llegaron a la explanada de la comisaría, en donde al mediodía comenzó la plenaria.
En ella Claudio Carrasco tomó protesta a los nuevos policías comunitarios de Ayutla de los Libres, de donde se incorporaron 30 comunidades con sus casas de Justicia en El Paraíso y Ahuacachahue, mismas que se suman a las de San Luis Acatlán, Zitlaltepec, municipio de Metalatónoc y Espino Blanco, municipio de Malinaltepec.
Arturo Campos Herrera, promotor de la Policía Comunitaria de Ayutla dijo que las comunidades de ese municipio se suman al sistema de justicia comunitaria de la CRAC, por el hartazgo de la delincuencia que el mismo gobierno ha solapado.
Agregó que se suman a este sistema con el debido respeto a su historia y a su organización y estructura.
Explicó que se suman de manera voluntaria, sin ningún otro interés, “nosotros no buscamos ningún interés político ni económico, pues no queremos ser ni presidentes municipales, ni diputados, solamente queremos servir al pueblo”, manifestó.
Por su parte Claudio Carrasco al tomar la protesta a los nuevos elementos de la corporación indígena dijo que desde hace 17 años la Policía Comunitaria ha venido trabajando por la seguridad y la justicia, a pesar de la discriminación y la represión de las autoridades estatales y federales.
“Hemos sido hostilizados y discriminados muchas veces, sin embargo, gracias al respaldo de la gente nuestra corporación se ha mantenido y ha dado buenos resultados en materia de seguridad y justicia”, dijo. Y Luego concluyó; “no somos gigantescos pero lo vamos a ser”, dijo.
En su intervención, el representante del gobernador, Filemón Navarro Aguilar, entre consignas y rechiflas, recordó, para apaciguar las protestas, que como diputado fue el primero en condenar la represión de los normalistas de Ayotzinapa, y es que los miembros de las organizaciones sociales, encabezados por el dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle gritaban a cada rato, “gobierno asesino” y “12 de diciembre no se olvida”, mientras que en coro los asistentes coreaban, “asesino, asesino, asesino…”.
Finalmente, tuvo que tomar el micrófono el sacerdote Mario Campos para pedir a los miembros de las agrupaciones que se calmaran y dejaran hablar al secretario, puesto que se trataba de un “invitado especial” de la CRAC, y que era importante escuchar las propuestas que llevaba de parte del gobierno del estado.
El secretario de Asuntos Indígenas dijo después que el gobierno estatal está cumpliendo con el pliego de demandas que planteó la agrupación indígena en Casa Guerrero en Mayo pasado.
Sin embargo, en su intervención solamente anunció que entre las demandas que se cumplirán en los próximos días está la entrega de los uniformes, que se busca un mecanismo legal para dotarles del armamento y que también se entregarán despensas a los policías comunitarios. También anunció que en los próximos días se realizará una reunión del gobernador con los representantes de la CRAC.
Después vendría el senador Sofío Ramírez, quien también fue recibido con una andanada de rechiflas y consignas en contra del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, pero éste pretendió apaciguar a los manifestantes con un “soy de ustedes, somos de los mismos”, pero las rechiflas continuaron.
El senador siguió su discurso entre el griterío de los miembros de organizaciones sociales hasta que nuevamente fueron llamados al orden por uno de los integrantes de la mesa de la CRAC.
El senador se comprometió a presentar un punto de acuerdo en el senado para que la Policía Comunitaria tenga reconocimiento legal y presupuesto, “pero desde el público se escuchó: “ya tiene el reconocimiento del pueblo”.
Mientras tanto, de parte del Frente Ciudadano de Huamuxtitlán, Eugenio Ramírez, manifestó que “la situación económica, social y política, no es favorable a la vida de la mayoría de la población, “por eso es necesario organizarnos, pero no organizarnos en la forma tradicional, sino organizarnos en el espíritu revolucionario”.
Dijo, asimismo, que es necesario construir un sistema de seguridad y justicia como autodefensa legítima de las comunidades y pueblos frente a la violencia inseguridad por la delincuencia organizada e institucional, que se encargue de combatir no solamente los actos delincuenciales y antisociales, sino de prevenirlos, y en su caso, detener a los infractores y reeducarlos.
Dijo que los pueblos indígenas y campesinos “no podemos quedarnos cruzados de brazos ante esta situación. El gobierno y funcionarios nos ven como ignotos e incapaces de organizarnos a través de sus voceros como el senador Sofío Ramírez, nos ha comentado que nos caerá el monstruo de 7 cabezas e interpretamos como los sicarios o el Ejército y Marina, o sea una amenaza de represión”.
Y acusó al senador que les ha pedido veladamente que se desistan de su lucha “que disolvamos nuestro movimiento. Nos insinúa que atrás de nosotros hay una fuerza sobrenatural, nuestra respuesta es que el Frente Ciudadano por la Seguridad de Huamuxtitlán (FCSH) y la PCP surgió gracias a la ex alcaldesa, su marido y el grupo de delincuentes y sicarios al que probablemente pertenece también usted senador Sofío Ramírez Hernández, por eso su interés en limpiar el camino para que Jhony Saucedo, el presidente solitario comprado gobierne”, dijo.
Entre las agrupaciones solidarias asistentes al 17 aniversario de la CRAC estuvieron el Consejo de Comunidades Opositoras a la Parota, El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, integrantes de la Otra Campaña, Vías Campesina, los representantes de los movimientos de Huamuxtitlán y Olianlá, promotores del Territorio y la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur.
Las conclusiones generales de las mesas fueron que la defensa del territorio es una tarea integral, “que implica no sólo la tierra, sino también el aire, el agua, los espacios sagrados y la alimentación. Por lo tanto la defensa del territorio implica una oposición contundente a las mineras, a las represas, a los proyectos de conservación como el pago por servicios ambientales y la Reserva de la Biosfera, a las mega carreteras, a los proyectos inmobiliarios entre muchos otros megaproyectos que atentan contra el territorio de los pueblos”
Agregaron que las principales amenazas a combatir en el territorio y en la región son las mineras, los proyectos de reservas de la biosfera y la experimentación con el maíz.
“Las empresas mineras recibieron las concesiones de forma ilegal porque se violó el derecho a la consulta de los pueblos indígenas que establece el Convenio 169 de la OIT”, dice el documento.
Dijeron que es necesaria la unidad de todos los actores que desde el territorio comunitario están luchando contra las empresas mineras.
“Hace falta mucha información en las comunidades porque muchas veces la gente no sabe lo que implica la mega minería, ni sabe que tiene derechos para defenderse”.
La agrupación añade que “por eso planteamos la posibilidad de nombrar a nuestros pueblos territorios libres de minería, lo que, en el caso de la Policía Comunitaria puede reflejarse en una reforma al Reglamento Interno con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 39 y 115 de la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT”.
También se pronunció la organización indígena por apoyar como organización la lucha contra la reserva de la biosfera, “teniendo en cuenta que ésta es otra forma de despojo del territorio y una nueva vía que han encontrado las mineras para entrar a nuestro territorio”, dice el documento.
Asimismo, entre las acciones que se propone la agrupación está definir una re-organización del trabajo por parte de la CRAC para la campaña contra las mineras, “que se encargarán de definir la estrategia política, jurídica desde los pueblos, y de darle seguimiento a toda la información que aparezca en torno a las mineras”.
También se propone la CRAC articular su movimiento con otras luchas en la búsqueda de una reforma a la Ley Minera, basada en tres principios: “eliminar el carácter de actividad preferente y de utilidad pública de la minería; el uso exclusivo del agua por parte de las mineras; y prohibir definitivamente cualquier forma de megaminería”.
Y en ese sentido se propone nombrar en cada comunidad representantes para que participen en las comisiones regionales en defensa del territorio. Y, finalmente, convocar a un foro general en defensa del territorio.
Fuente:
http://suracapulco.mx/archivos/53883
 

Criminalizan gobierno y el rector de la UIEG la lucha contra la reserva de biosfera, señalan

Sergio Ferrer
Mixtecapa
Saúl Morán representante de La Ciénega, comunidad me’phaa, ratificó la decisión de habitantes de continuar con la lucha en contra de la creación de una reserva de la biosfera a pesar de la existencia de denuncias penales acusando al gobierno del estado y a las autoridades de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG) de criminalizar su lucha por defender su territorio y hacer uso de su derecho a la libre determinación.
Los habitantes de La Ciénega exigieron la salida inmediata del rector de la UIEG, Rafael Aréstegui Ruiz, al ser el principal promotor de acciones legales contra los pueblos que tomaron la Universidad, la cancelación definitiva de las averiguaciones previas contra los representantes de los pueblos y la destitución de la titular del Ministerio Público (MP) de Malinaltepec, Esther Gómez.
En el tercer foro en defensa del territorio y contra proyectos mineros y de reserva de la biosfera realizado en Mixtecapa, Morán explicó a los asistentes que a pesar de que el 21 de octubre se llegó en Acapulco a un acuerdo político en el cual el secretario de gobierno Humberto Salgado solicitó a la procuradora cancelar definitivamente las averiguaciones previas, no se cumplió.
El 8 de octubre habitantes de diversas comunidades, incluida La Ciénega, donde se ubica la UIEG, tomaron dicha universidad ante la decisión no consensuada del rector de firmar un convenio con Carlos Toledo Manzúr, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, siendo testigo Taurino Hernández de la Conanp, para que estudiantes realizaran la labor de convencimiento en comunidades para la creación de una reserva de la biosfera en La Montaña.
Ante esta acción, “con una actitud amenazante, el rector amagó con denuncias por delitos federales a los ciudadanos lo cual cumplió ordenando a trabajadores realizar denuncias por privación ilegal de la libertad” en contra de 30 personas, incluido un sacerdote de Malinaltepec, acusó Morán.
Asimismo, se denunció que la titular del MP de Malinaltepec, Esther Gómez, fue imparcial en sus diligencias al ser familiar y conocida de dos presuntos agraviados.
Se conoció que habitantes de La Montaña están dispuestos a realizar movilizaciones en Chilpancingo pues la denuncia interpuesta por nueve personas, entre éstas el secretario académico y el contador, fue enviada a esa ciudad.
En este contexto, Morán afirmó que la postura de la procuradora del estado fue de olvido de la recomendación del secretario de gobierno y, en una mesa de trabajo promovida por la UPOEG, la titular insistió en que la única manera de que se cancelen las denuncias será mediante careos y pidiéndoles perdón a los denunciantes.
En respuesta, habitantes de La Ciénega luego de reunirse en asamblea el 30 de noviembre  sostuvieron su postura de dignidad “¡Ni perdón! ¡Ni humillación!”, señalaron, responsabilizando a Rafael Aréstegui Ruíz, rector de la UIEG de cualquier agresión física contra los compañeros que demandan su salida inmediata.
“Ahora Aréstegui está presionando a sus empleados para que ratifiquen en Chilpancingo la denuncia y arme su regreso a la UIEG, sabemos que sigue operando la universidad desde Ayutla, es una vergüenza que esa persona haya venido a nuestra comunidad a intentar vender el territorio y ahora hasta encarcelarnos quiere”, lamentó un habitante.
 Fuente:
http://suracapulco.mx/archivos/55296

Entregan actas de rechazo a Reserva de la Biosfera seis comunidades de La Montaña

Sergio Ferrer
Mixtecapa
Seis núcleos agrarios entregaron actas de rechazo a la instalación de una Reserva de la Biosfera, planeada para  157 mil hectáreas de seis municipios de La Montaña, al Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio para su posterior ingreso al Registro Agrario Nacional (RAN).
Los documentos consensuados en asambleas de comuneros y ejidatarios me´phaa y ñu savi también incluyen en varios casos otra acta de rechazo a la entrada de la minería en la región. Lo anterior se dio a conocer en la asamblea del tercer foro en defensa del territorio efectuada en la comunidad ñu savi de Mixtecapa.
Mientras mujeres tejían sombrero de palma escuchando las participaciones o bien otro grupo preparaba la comida, se ratificó la decisión de exigir la salida del rector de la UIEG Rafael Aréstegui así como la negativa de entrada a las comunidades de Taurino Hernández, titular de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas por no consultar al pueblo y tomar decisiones en su nombre así como del titular de la Semaren.
Al evento acudieron más de 30 comisarios y  comisariados de bienes comunales y ejidales del polígono propuesto por el gobierno estatal y federal para ser decretado como reserva excepto de los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc, además asistieron estudiantes de la UPN, de la Unisur,  docentes de los bachilleratos interculturales, organizaciones y habitantes.
Entre las participaciones de asambleístas, Joel Valdéz avisó que después de visitar lugares donde trabajan mineras, observó que la gente tiene problemas de la piel y están sufriendo ante la impotencia de ver morir a sus enfermos o bien están ante conflictos sociales.
Otra participación alertó que el proyecto de la Reserva de la Biosfera sigue en pie por lo cual se abogó por la instauración de una reserva comunitaria de conservación de la biodiversidad y la naturaleza en las que sí vigile y resguarden los habitantes sus tierras y no una autoridad impuesta legal u ocultamente por el gobierno federal que termine por permitir concesiones mineras o el robo de plantas por las grandes farmacéuticas.
Provocará desplazamientos forzados la reforma a la Ley Agraria, advierte investigadora
Abel Barrera Hernández  director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, criticó el actuar del extinto gobierno de Calderón, que según informan especialistas como Francisco López Barcenas, entregó  al Congreso una iniciativa de ley con la cual se daría fin a la propiedad ejidal y comunal para dar paso a la propiedad individual que permitirá a los empresarios apropiarse de la tierra.
“De aprobarse las iniciativas los pueblos estarían firmando su muerte”, lamentó Barrera Hernández que recordó la devastación causada por taladores de bosques hace 60 años y actualizó que ahora  los nuevos embates vienen de empresarios depredadores.
Por su parte, María Gracia, investigadora de la Universidad Autónoma de Guadalajara invitada por el Centro de Estudios Ecuménicos, informó que el 54 por ciento del territorio nacional es de propiedad ejidal o comunal y 35 por ciento privada.
Pero, de aprobarse la nueva iniciativa de ley promovida por Felipe Calderón, se pasaría de lo ejidal a la propiedad privada en lo que constituiría un embate directo a los pueblos pudiendo generar desplazamientos  para que los empresarios puedan quedarse con los recursos naturales de manera legal.
La serie de reformas a la Ley Agraria destazarían la vida comunitaria dando lugar a conflictos entre los campesinos, quitando poder a las asambleas comunitarias además de obligar a los campesinos a registrar sus parcelas ante el Registro Público de Propiedad y no al Registro Agrario Nacional lo que implica una serie de gastos y pago de impuestos, refirió la investigadora.
Este nuevo ataque contra los campesinos es parte de un plan que se viene gestando desde las reformas implantadas por Carlos Salinas de Gortari, “se buscará seducir a los campesinos pero recuerden que el dinero se acaba pero la tierra siempre da de comer” sentenció Gracia.
El sacerdote de Malinaltepec, Melitón Santillán, alertó de la violencia contra activistas ejemplificando el caso de Juventina Villa, campesina ecologista asesinada en la sierra de Guerrero junto a su hijo, por lo que llamó a la participación de toda la sociedad en acciones que beneficien a las comunidades y no las perjudiquen.
En la asamblea, se anunció que no funcionó la supuesta interlocución que haría el diputado Daniel Esteban González con el secretario de Gobierno Humberto Salgado y la procuradora de justicia del estado para anular 32 procesos penales iniciados contra personas que participaron en la toma pacífica de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero para exigir la destitución del rector por firmar un convenio con Semaren sin la consulta de los pueblos.
Otras participaciones dejaron asentado que sólo el 50 por ciento del conflicto entre Tilapa y Tierra Colorada estaba resuelto porque aún sigue desaparecido Raymundo Sánchez raptado en Tilapa en septiembre.
Un representante de la CRAC, al ser retomado el asunto de si es conveniente invitar o no a funcionarios, precisó que al senador Sofío Ramírez Hernández que se enfrentó verbalmente con comuneros de Atenco durante el aniversario de la Policía Comunitaria que no fue invitado de la CRAC sino de la UPOEG.
A la asamblea no acudió ningún alcalde de la región.
Fuente:
http://suracapulco.mx/archivos/55298

El ORO o la VIDA

EL ORO O LA VIDA! Actualmente Centro América sufre una invasión de empresas mineras transnacionales. Goldcorp es la compañía de oro canadiense con mayor expansión en el área. Durante los últimos años sus operaciones han provocado contaminac
ión, enfermedades, muerte, división comunitaria y criminalización de la protesta social. En Honduras y El Salvador la indignación y la organización crecen cada día. En Guatemala más de 50 Pueblos Mayas han decidido poner freno a la expansión minera por medio de Consultas Comunitarias. Esta lucha apenas comienza. MUCHO OJO MONTAÑA DE GRO!

“Planta de Beneficio ”

“Planta de Beneficio ” comprende el desarrollo de las operaciones y procesos unitarios para la recuperación de concentrados polimetálicos de zinc, plomo y plata por el método de flotación o cianuración. ¡NO A LA MINA EN LA MONTAÑA DE GUERRERO ! Imagen obtenida de : http://www.sgm.gob.mx/pdfs/GUERRERO.pdf pag. 20