Sergio Ferrer
Mixtecapa
Seis núcleos agrarios entregaron actas de rechazo a la instalación de una Reserva de la Biosfera, planeada para 157 mil hectáreas de seis municipios de La Montaña, al Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio para su posterior ingreso al Registro Agrario Nacional (RAN).
Los documentos consensuados en asambleas de comuneros y ejidatarios me´phaa y ñu savi también incluyen en varios casos otra acta de rechazo a la entrada de la minería en la región. Lo anterior se dio a conocer en la asamblea del tercer foro en defensa del territorio efectuada en la comunidad ñu savi de Mixtecapa.
Mientras mujeres tejían sombrero de palma escuchando las participaciones o bien otro grupo preparaba la comida, se ratificó la decisión de exigir la salida del rector de la UIEG Rafael Aréstegui así como la negativa de entrada a las comunidades de Taurino Hernández, titular de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas por no consultar al pueblo y tomar decisiones en su nombre así como del titular de la Semaren.
Al evento acudieron más de 30 comisarios y comisariados de bienes comunales y ejidales del polígono propuesto por el gobierno estatal y federal para ser decretado como reserva excepto de los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc, además asistieron estudiantes de la UPN, de la Unisur, docentes de los bachilleratos interculturales, organizaciones y habitantes.
Entre las participaciones de asambleístas, Joel Valdéz avisó que después de visitar lugares donde trabajan mineras, observó que la gente tiene problemas de la piel y están sufriendo ante la impotencia de ver morir a sus enfermos o bien están ante conflictos sociales.
Otra participación alertó que el proyecto de la Reserva de la Biosfera sigue en pie por lo cual se abogó por la instauración de una reserva comunitaria de conservación de la biodiversidad y la naturaleza en las que sí vigile y resguarden los habitantes sus tierras y no una autoridad impuesta legal u ocultamente por el gobierno federal que termine por permitir concesiones mineras o el robo de plantas por las grandes farmacéuticas.
Provocará desplazamientos forzados la reforma a la Ley Agraria, advierte investigadora
Abel Barrera Hernández director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, criticó el actuar del extinto gobierno de Calderón, que según informan especialistas como Francisco López Barcenas, entregó al Congreso una iniciativa de ley con la cual se daría fin a la propiedad ejidal y comunal para dar paso a la propiedad individual que permitirá a los empresarios apropiarse de la tierra.
“De aprobarse las iniciativas los pueblos estarían firmando su muerte”, lamentó Barrera Hernández que recordó la devastación causada por taladores de bosques hace 60 años y actualizó que ahora los nuevos embates vienen de empresarios depredadores.
Por su parte, María Gracia, investigadora de la Universidad Autónoma de Guadalajara invitada por el Centro de Estudios Ecuménicos, informó que el 54 por ciento del territorio nacional es de propiedad ejidal o comunal y 35 por ciento privada.
Pero, de aprobarse la nueva iniciativa de ley promovida por Felipe Calderón, se pasaría de lo ejidal a la propiedad privada en lo que constituiría un embate directo a los pueblos pudiendo generar desplazamientos para que los empresarios puedan quedarse con los recursos naturales de manera legal.
La serie de reformas a la Ley Agraria destazarían la vida comunitaria dando lugar a conflictos entre los campesinos, quitando poder a las asambleas comunitarias además de obligar a los campesinos a registrar sus parcelas ante el Registro Público de Propiedad y no al Registro Agrario Nacional lo que implica una serie de gastos y pago de impuestos, refirió la investigadora.
Este nuevo ataque contra los campesinos es parte de un plan que se viene gestando desde las reformas implantadas por Carlos Salinas de Gortari, “se buscará seducir a los campesinos pero recuerden que el dinero se acaba pero la tierra siempre da de comer” sentenció Gracia.
El sacerdote de Malinaltepec, Melitón Santillán, alertó de la violencia contra activistas ejemplificando el caso de Juventina Villa, campesina ecologista asesinada en la sierra de Guerrero junto a su hijo, por lo que llamó a la participación de toda la sociedad en acciones que beneficien a las comunidades y no las perjudiquen.
En la asamblea, se anunció que no funcionó la supuesta interlocución que haría el diputado Daniel Esteban González con el secretario de Gobierno Humberto Salgado y la procuradora de justicia del estado para anular 32 procesos penales iniciados contra personas que participaron en la toma pacífica de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero para exigir la destitución del rector por firmar un convenio con Semaren sin la consulta de los pueblos.
Otras participaciones dejaron asentado que sólo el 50 por ciento del conflicto entre Tilapa y Tierra Colorada estaba resuelto porque aún sigue desaparecido Raymundo Sánchez raptado en Tilapa en septiembre.
Un representante de la CRAC, al ser retomado el asunto de si es conveniente invitar o no a funcionarios, precisó que al senador Sofío Ramírez Hernández que se enfrentó verbalmente con comuneros de Atenco durante el aniversario de la Policía Comunitaria que no fue invitado de la CRAC sino de la UPOEG.
A la asamblea no acudió ningún alcalde de la región.
Fuente:
http://suracapulco.mx/archivos/55298
Mixtecapa
Seis núcleos agrarios entregaron actas de rechazo a la instalación de una Reserva de la Biosfera, planeada para 157 mil hectáreas de seis municipios de La Montaña, al Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio para su posterior ingreso al Registro Agrario Nacional (RAN).
Los documentos consensuados en asambleas de comuneros y ejidatarios me´phaa y ñu savi también incluyen en varios casos otra acta de rechazo a la entrada de la minería en la región. Lo anterior se dio a conocer en la asamblea del tercer foro en defensa del territorio efectuada en la comunidad ñu savi de Mixtecapa.
Mientras mujeres tejían sombrero de palma escuchando las participaciones o bien otro grupo preparaba la comida, se ratificó la decisión de exigir la salida del rector de la UIEG Rafael Aréstegui así como la negativa de entrada a las comunidades de Taurino Hernández, titular de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas por no consultar al pueblo y tomar decisiones en su nombre así como del titular de la Semaren.
Al evento acudieron más de 30 comisarios y comisariados de bienes comunales y ejidales del polígono propuesto por el gobierno estatal y federal para ser decretado como reserva excepto de los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc, además asistieron estudiantes de la UPN, de la Unisur, docentes de los bachilleratos interculturales, organizaciones y habitantes.
Entre las participaciones de asambleístas, Joel Valdéz avisó que después de visitar lugares donde trabajan mineras, observó que la gente tiene problemas de la piel y están sufriendo ante la impotencia de ver morir a sus enfermos o bien están ante conflictos sociales.
Otra participación alertó que el proyecto de la Reserva de la Biosfera sigue en pie por lo cual se abogó por la instauración de una reserva comunitaria de conservación de la biodiversidad y la naturaleza en las que sí vigile y resguarden los habitantes sus tierras y no una autoridad impuesta legal u ocultamente por el gobierno federal que termine por permitir concesiones mineras o el robo de plantas por las grandes farmacéuticas.
Provocará desplazamientos forzados la reforma a la Ley Agraria, advierte investigadora
Abel Barrera Hernández director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, criticó el actuar del extinto gobierno de Calderón, que según informan especialistas como Francisco López Barcenas, entregó al Congreso una iniciativa de ley con la cual se daría fin a la propiedad ejidal y comunal para dar paso a la propiedad individual que permitirá a los empresarios apropiarse de la tierra.
“De aprobarse las iniciativas los pueblos estarían firmando su muerte”, lamentó Barrera Hernández que recordó la devastación causada por taladores de bosques hace 60 años y actualizó que ahora los nuevos embates vienen de empresarios depredadores.
Por su parte, María Gracia, investigadora de la Universidad Autónoma de Guadalajara invitada por el Centro de Estudios Ecuménicos, informó que el 54 por ciento del territorio nacional es de propiedad ejidal o comunal y 35 por ciento privada.
Pero, de aprobarse la nueva iniciativa de ley promovida por Felipe Calderón, se pasaría de lo ejidal a la propiedad privada en lo que constituiría un embate directo a los pueblos pudiendo generar desplazamientos para que los empresarios puedan quedarse con los recursos naturales de manera legal.
La serie de reformas a la Ley Agraria destazarían la vida comunitaria dando lugar a conflictos entre los campesinos, quitando poder a las asambleas comunitarias además de obligar a los campesinos a registrar sus parcelas ante el Registro Público de Propiedad y no al Registro Agrario Nacional lo que implica una serie de gastos y pago de impuestos, refirió la investigadora.
Este nuevo ataque contra los campesinos es parte de un plan que se viene gestando desde las reformas implantadas por Carlos Salinas de Gortari, “se buscará seducir a los campesinos pero recuerden que el dinero se acaba pero la tierra siempre da de comer” sentenció Gracia.
El sacerdote de Malinaltepec, Melitón Santillán, alertó de la violencia contra activistas ejemplificando el caso de Juventina Villa, campesina ecologista asesinada en la sierra de Guerrero junto a su hijo, por lo que llamó a la participación de toda la sociedad en acciones que beneficien a las comunidades y no las perjudiquen.
En la asamblea, se anunció que no funcionó la supuesta interlocución que haría el diputado Daniel Esteban González con el secretario de Gobierno Humberto Salgado y la procuradora de justicia del estado para anular 32 procesos penales iniciados contra personas que participaron en la toma pacífica de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero para exigir la destitución del rector por firmar un convenio con Semaren sin la consulta de los pueblos.
Otras participaciones dejaron asentado que sólo el 50 por ciento del conflicto entre Tilapa y Tierra Colorada estaba resuelto porque aún sigue desaparecido Raymundo Sánchez raptado en Tilapa en septiembre.
Un representante de la CRAC, al ser retomado el asunto de si es conveniente invitar o no a funcionarios, precisó que al senador Sofío Ramírez Hernández que se enfrentó verbalmente con comuneros de Atenco durante el aniversario de la Policía Comunitaria que no fue invitado de la CRAC sino de la UPOEG.
A la asamblea no acudió ningún alcalde de la región.
Fuente:
http://suracapulco.mx/archivos/55298
No hay comentarios:
Publicar un comentario